ANTECEDENTES - LEGISLACIÓN y PROPUESTA para sistematizar la RED DE DRENAJES DEL PARTIDO DE HIPOLITO YRIGOYEN
Bienestar
En un fallo trascendental, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha rechazado de manera definitiva la queja presentada por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), ratificando así la obligación ineludible de la empresa de garantizar a los vecinos de Chivilcoy el acceso a agua potable con un contenido de arsénico inferior a 10 µg/L, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino. Esta decisión marca un hito crucial en la defensa del derecho humano al agua segura.
El conflicto que culminó en esta histórica sentencia se gestó hace más de diez años. Fue en ese momento cuando un grupo de vecinos y vecinas de Chivilcoy, preocupados por la calidad del suministro, presentaron un recurso de amparo exigiendo que se les garantizara agua segura y apta para el consumo humano.
En su defensa, ABSA se amparaba en una antigua normativa provincial que permitía hasta 50 µg/L de arsénico, una cifra que excedía holgadamente los límites establecidos por la legislación nacional y las recomendaciones de organismos internacionales.
La justicia, en sus instancias previas, ya había dado la razón a la comunidad, primero en primera instancia y luego en la segunda.
Ahora, con la desestimación del recurso extraordinario presentado por ABSA ante el máximo tribunal provincial, la sentencia ha quedado firme e inamovible.
Esto significa que la empresa no tiene más alternativas legales y deberá proceder de manera urgente a construir una planta de ósmosis inversa y, además, mejorar el servicio de suministro de agua de forma integral e inmediata en la localidad.
Este fallo no solo representa una victoria rotunda para Chivilcoy, sino que establece un precedente histórico de enorme relevancia para toda la provincia de Buenos Aires.
Al reafirmar que el derecho humano al agua potable sin arsénico prevalece sobre cualquier interés económico o normativa inferior, la Suprema Corte envía un mensaje claro y contundente sobre la prioridad de la salud pública y el bienestar de los ciudadanos.
Adicionalmente, la sentencia impone una obligación fundamental al Organismo de Control del Agua (OCABA): deberá realizar controles bimestrales y absolutamente transparentes sobre la calidad del agua en Chivilcoy, garantizando así una fiscalización constante y accesible al público.
Esta medida busca asegurar la continuidad del cumplimiento de la normativa y la protección de la población.
Tanto ABSA como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sostenían que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro para el consumo.
Sin embargo, esta postura ha sido contundentemente refutada por la evidencia científica y las recomendaciones internacionales.
La sentencia de la Corte Suprema se basa en dictámenes sólidos provenientes de entidades de investigación, académicas y de salud de reconocido prestigio, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de La Plata, cuyos informes fueron incorporados y valorados en los procesos judiciales.
Estos organismos avalan de manera unánime que el límite seguro de agua potable sin arsénico es de 10 µg/L.
La gravedad de la situación se acentúa al considerar los datos revelados por el Mapa del Arsénico en Argentina, que está siendo confeccionado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
Este estudio preliminar ya muestra que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un vasto sector del interior bonaerense presentan un rango promedio alarmante, que oscila entre 75 y 370 microgramos por litro.
Estas cifras superan con creces no solo el valor determinado por la Suprema Corte (10 µg/L) y el recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el estado de la ciencia, sino que incluso exceden el valor de referencia de 50 µg/L que pretendían ABSA y las autoridades provinciales.
Esta victoria judicial en Chivilcoy de garantizar el agua potable sin arsénico, no solo garantiza un derecho fundamental para sus habitantes, sino que también pone de manifiesto la urgente necesidad de revisar y adecuar las políticas hídricas en toda la provincia de Buenos Aires para asegurar que ningún ciudadano deba enfrentarse al riesgo de consumir agua con niveles peligrosos de arsénico.
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